Rodríguez impugnó la resolución que suma buques poteros y alertó por la sustentabilidad del calamar
La Plata.- El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires formalizó un severo cuestionamiento a la política pesquera nacional mediante la presentación de un recurso de reconsideración ante el Consejo Federal Pesquero (CFP). La medida, impulsada de manera directa por el ministro Javier Rodríguez, solicita la revocación total de la Resolución 6/2026, una normativa que habilita de forma oficial el proceso administrativo para incorporar hasta 18 nuevos buques poteros destinados de forma exclusiva a la captura de calamar (Illex argentinus).
Como medida urgente y prioritaria, la representación bonaerense exigió la suspensión inmediata de todos los efectos jurídicos y operativos de la norma hasta tanto existan estudios científicos, técnicos y ambientales rigurosos que demuestren fehacientemente que el incremento del esfuerzo pesquero no comprometerá la sustentabilidad biológica de la especie.
En los fundamentos del reclamo institucional, el funcionario provincial sostuvo de forma taxativa que la polémica decisión gubernamental fue aprobada vulnerando los reglamentos de funcionamiento interno que rigen las deliberaciones del Consejo Federal Pesquero. El planteo advierte que el proyecto en cuestión fue incorporado, tratado y sometido a votación dentro de la misma jornada parlamentaria, impidiendo que los representantes de las distintas jurisdicciones contaran con el tiempo y la documentación técnica de respaldo indispensables para realizar un análisis serio de la iniciativa. A este vicio de procedimiento se le suma, según la visión del gobierno de la provincia, una absoluta carencia de informes específicos sobre el impacto de las nuevas embarcaciones en los diferentes stocks de calamar del Mar Argentino, omitiendo los riesgos de sobreexplotación.
La presentación bonaerense encuadra el conflicto bajo los términos del principio precautorio contemplado explícitamente en la Constitución Nacional y en la Ley General del Ambiente. Dicha doctrina obliga a los organismos del Estado a actuar con extrema prudencia y a postergar medidas de explotación comercial masiva cuando persisten niveles significativos de incertidumbre científica respecto a posibles daños ecológicos irreversibles. Para el Ministerio de Desarrollo Agrario, la ausencia de datos actualizados e investigaciones de biomasa por parte de los institutos de investigación nunca debe ser utilizada como un argumento válido para acelerar la expansión de la capacidad extractiva de las flotas, sino que, por el contrario, debe conducir de forma obligatoria a un esquema de mayor protección de los recursos marítimos soberanos.
Otro de los ejes de mayor fricción radica en el sistema de asignación de puntuación territorial implementado por la resolución federal, el cual establece un trato diferencial que perjudica de manera ostensible a los intereses de la provincia de Buenos Aires. La normativa impugnada asigna discrecionalmente una escala de 30 puntos a los proyectos radicados en Tierra del Fuego, 25 en Santa Cruz, 20 en Chubut, 15 en Río Negro y apenas 10 unidades a las propuestas de Buenos Aires, sin explicitar fundamentos técnicos o jurídicos para tal diferenciación. Desde la cartera agraria alertaron que este esquema asimétrico destruye la igualdad entre jurisdicciones federales y somete a mayores costos e inversiones al complejo industrial bonaerense concentrado en la terminal de Mar del Plata, socavando severamente la competitividad del principal polo pesquero e industrial de la República Argentina.
