Duro revés para Rappi: La Suprema Corte bonaerense confirmó una multa millonaria por fallas laborales

Duro revés para Rappi: La Suprema Corte bonaerense confirmó una multa millonaria por fallas laborales

La Plata.-En una decisión que marca un precedente fundamental para la economía de plataformas, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dejó firme una multa millonaria contra la empresa Rappi. El fallo ratifica las sanciones impuestas por el Ministerio de Trabajo bonaerense tras detectar diversos incumplimientos laborales en sus operativos de fiscalización.

El máximo tribunal provincial rechazó los recursos presentados por la firma, validando tanto los procedimientos administrativos como las actas labradas durante las inspecciones. Los jueces sostuvieron que la empresa no logró refutar las infracciones detectadas y que sus argumentos se limitaron a reiterar planteos ya descartados en instancias anteriores.

Uno de los ejes centrales del fallo es la ratificación de las facultades del organismo provincial para interpretar normas laborales y sancionar a las empresas del sector. De esta manera, la Justicia rechazó el intento de la compañía de limitar ese poder de policía, convalidando el rol de fiscalización del Estado sobre las plataformas digitales.

La Corte dejó firme la multa económica, que supera los 16 millones de pesos, cuestionando además la falta de fundamentos técnicos en el recurso de la empresa, al no precisar con claridad qué normas habrían sido vulneradas en su perjuicio.

Si bien el fallo no define de manera definitiva el encuadre laboral de fondo de los repartidores (la discusión sobre si son empleados o trabajadores autónomos), sí consolida un criterio jurídico robusto: la validez del control estatal sobre estas empresas.

Esta resolución no solo afecta a Rappi, sino que proyecta una sombra regulatoria sobre otras grandes operadoras como Uber, PedidosYa!, Cabify y Didi. Al respaldar el valor probatorio de las actuaciones del Ministerio de Trabajo, la Suprema Corte fortalece la capacidad del Estado para intervenir en un mercado que, hasta hace poco, operaba en una zona de gris legal en cuanto a la supervisión administrativa.

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