Escribe Nazly Borrero Vásquez sobre la forensia digital en redes sociales

En los últimos años, las redes sociales se han convertido en plataformas centrales para la comunicación, el activismo, el entretenimiento y el crecimiento profesional. Para muchas mujeres e influencers, estas herramientas representan oportunidades únicas: construir audiencias, generar ingresos y ejercer influencia social. Sin embargo, cuando estas figuras enfrentan agresiones digitales —desde acoso y amenazas hasta campañas para desprestigiar su imagen— las dinámicas cambian, y el caso puede volverse inmediatamente mediático.

1. ¿Por qué se vuelve mediático?

1. Alcance masivo e inmediato: Una denuncia en redes puede alcanzar a millones de personas en pocas horas. Un tuit viral, una historia de Instagram con denuncias explícitas o un video de TikTok exponiendo una agresión crean reacciones rápidas. Esa velocidad también presiona a medios de comunicación tradicionales, que replican la información sin demorar.
2. Predisposición del público: El público favorece relatos identitarios y testimonios personales. Una influencer, especialmente una mujer, que comparte su experiencia de acoso digital suele recibir empatía inmediata, y esto convierte sus denuncias en trending topic.
3. Interés comercial: Las redes sociales manejan datos de engagement y visibilidad. Cuando un caso gana tracción, plataformas como Instagram o Twitter pueden promoverlo con más fuerza, lo que amplifica aún más la atención mediática.

Esta batalla por visibilidad no siempre es ventajosa. Como la investigación forense digital no siempre avanza al mismo ritmo que la viralidad en redes, el proceso legal se ve opacado por debates públicos que, en ocasiones, simplifican demasiado la complejidad del problema o alimentan juicios prematuros.

2. ¿Por qué se tardan en resolver?

Varios factores explican los retrasos frecuentes en los procesos que involucran evidencia digital:

• Carga de trabajo de las autoridades: El número de casos relacionados con violaciones a derechos digitales se ha disparado, pero las instituciones locales no han logrado crecer en consecuencia. Las unidades encargadas de delitos cibernéticos, cuando existen, a menudo están saturadas.
• Falta de lineamientos claros: En muchas regiones de México, no hay protocolos estandarizados para recolectar y conservar evidencia digital. Esto provoca que una denuncia pueda quedar en espera a la espera de mecanismos jurídicos que permitan la adquisición de datos.
• Poca especialización tecnológica: El personal policial y los ministerios públicos, especialmente en entornos locales, frecuentemente no tienen formación suficiente para entender cómo operar con seguridad en entornos digitales complejos.

3. La cadena de custodia: una deficiencia en México

Uno de los elementos más delicados en la forensia digital es la cadena de custodia, que documenta cada paso desde la recolección hasta la preservación de la evidencia, para asegurar su validez en juicio. En México se han detectado fallas clave:

• Documentación incompleta o ausente: No siempre se anota quién recolectó la información, cómo se obtuvo, qué herramientas se usaron y en qué condiciones. Esto genera fraudes procesales con facilidad.
• Fallas tecnológicas: Equipos básicos, sin certificación; herramientas no certificadas y hasta la copia digital realizada sin medidas de seguridad permiten intervención de la evidencia.
• Sobrecarga institucional: Al no contar con zonas especializadas ni personal dedicado, frecuentemente se depositan evidencias en espacios improvisados o compartidos, rompiendo la trazabilidad necesaria.
• Pérdidas o eliminación de cuentas: Si un mensaje, un video o una fotografía son eliminados antes de que la autoridad actúe, recuperar esa información equivale a una carrera contra el reloj, y con frecuencia se pierde información sensible.

4. Falta de personal idóneo: ¿realidad o excusa?

Como escenario nacional, México ha avanzado en materia de justicia digital, pero enfrenta restricciones estructurales:

• Oferta de formación limitada: Hay pocos posgrados o diplomados en informática forense digital, especialmente en zonas rurales o entidades federativas sin centros tecnológicos consolidados. Esto implica que el personal con habilidades necesarias para casos de redes sociales suele concentrarse en grandes ciudades.
• Sueldos poco competitivos: En sectores públicos, donde más se requieren estos perfiles, la compensación económica está por debajo de la iniciativa privada, lo que obliga a las personas capacitadas a buscar otras plazas.
• Ausencia de coordinación institucional: Las investigaciones sobre redes sociales pueden involucrar a la policía cibernética, la fiscalía y en ocasiones, un organismo autónomo de combate al delito digital. En la práctica, estas áreas no siempre comparten recursos ni lineamientos comunes.
• Equipamiento obsoleto o escaso: Desde hardware (servidores, discos duros forenses, etc.) hasta software especializado y licencias, falta infraestructura adecuada en muchas entidades.

5. El impacto sobre mujeres e influencers

Para las mujeres e influencers, esta realidad se intensifica por varios motivos:

1. Mayor exposición pública: Las influencers y prominentes usuarias están en el radar de grupos que buscan viralidad o protagonismo. La exposición las convierte en víctimas atractivas.
2. Acoso y violencia digital: Muchas denuncias abarcan desde amenazas y difamación hasta hackeo de cuentas. Estas agresiones afectan emocional y reputacionalmente, pero la lentitud institucional prolonga el daño.
3. Estigmatización social: Cuando un caso llega a medios sin un acompañamiento forense sólido, existen posibilidades de revictimización. La difusión mediática sin respaldo jurídico robusto puede dañar la reputación, incluso si la denuncia corresponde a hechos reales.
4. Reinserción profesional en riesgo: Una influencer puede perder contratos, seguidores y presencia digital si un ataque no es atendido a tiempo, aunque después sea esclarecido. Los daños suelen acabar antes de que el caso siquiera avance legalmente.

6. Posibles caminos de mejora

Para garantizar justicia y protección efectiva a mujeres e influencers en redes sociales, es necesario abordar varios niveles:

a) Formación y especialización

• Impulsar diplomados y posgrados en informática forense digital, con módulos específicos para redes sociales, plataformas de streaming y criptografía.
• Diseñar certificaciones para peritos que trabajen con evidencia digital en redes sociales, incluyendo lo que ocurre en Telegram, TikTok o Snapchat.

b) Fortalecimiento institucional

• Crear unidades especializadas de atención inmediata en casos mediáticos, con personal listo para el primer contacto y la recolección de evidencia en línea.
• Establecer protocolos claros y homogéneos en todo el país para el tratamiento de evidencia digital, accesibles tanto a policía local como federal.

c) Infraestructura tecnológica

• Dotar a las entidades de herramientas actualizadas para la adquisición digital, con hardware forense certificado y software de análisis sofisticado.
• Asegurar centros de evidencia con sistemas de almacenamiento seguros, redundantes, en condiciones ambientales controladas.

d) Coordinación multiinstitucional

• Promover enlaces funcionales entre fiscalías, Policía Cibernética, Organismos de Derechos Digitales y defensa legal de las víctimas.
• Generar equipos interdisciplinarios que integren abogados, psicólogos, tecnólogos y periodistas para acompañar denuncias mediáticas desde lo legal y comunicativo.

e) Acompañamiento emocional y reputacional

• Ofrecer redes de apoyo psicológico para víctimas de agresiones digitales mediáticas.
• Apoyar procesos de recuperación reputacional, trabajando con plataformas para la eliminación o tirada de contenido hostil una vez comprobada su falsedad o daño.

7. El papel de la sociedad y de las plataformas

Las redes sociales no pueden lavarse las manos cada vez que una usuaria es objeto de amenazas o hackeo. Deben aplicar protocolos de respuesta rápida, proporcionar registros a la autoridad competente y facilitar la reconstrucción de accesos o series de eventos delictivos. En casos donde influencers denuncian violaciones graves (como extorsión o amenazas), las plataformas deben contar con mecanismos de emergencia que prioricen análisis y retención de evidencia.