El Gobierno nacional adjudicó la Vía Navegable Troncal al consorcio Jan de Nul-Servimagnus
Buenos Aires.-El proceso de reestructuración de la infraestructura logística y de transporte de la República Argentina alcanzó una definición de máxima trascendencia institucional y económica con la culminación del proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal. El Gobierno nacional completó de forma oficial la adjudicación de este corredor fluvial estratégico —por el cual se canaliza aproximadamente el 80% del volumen total del comercio exterior y las exportaciones agroindustriales del país— tras seleccionar a la firma Jan de Nul-Servimagnus como la ganadora de la licitación pública internacional. La medida quedó formalizada este jueves 18 de junio de 2026 mediante la publicación de la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC dictada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, dependiente del Ministerio de Economía.
De acuerdo con los informes emitidos por las autoridades de aplicación, la empresa adjudicataria presentó la propuesta técnica y económica más competitiva del certamen. El cierre del procedimiento administrativo se concretó sin registrarse impugnaciones ni objeciones legales por parte del resto de las compañías corporativas participantes, las cuales convalidaron de manera unánime los dictámenes e informes técnicos elaborados por la Comisión Evaluadora en las sucesivas fases del concurso. Con la firma definitiva del contrato de concesión pautada para un plazo máximo de 30 días, el nuevo esquema operativo activará de forma inmediata una reducción del 13,5% en las tarifas y costos logísticos globales que asumen los exportadores en el sistema hidroviario.
El pliego de bases y condiciones de la adjudicación contempla un ambicioso plan de obras civiles enfocado en la profundización y el dragado de la vía navegable. El objetivo central de estos trabajos de ingeniería radica en permitir que los buques de gran calado completen la totalidad de su carga en los puertos de origen argentinos, evitando costosas escalas de reabastecimiento en terminales extranjeras, lo que generará ahorros financieros adicionales, expandirá la frontera agrícola e incrementará la competitividad de las cadenas industriales del interior. Asimismo, el proyecto prevé la incorporación de sistemas tecnológicos de vanguardia y monitoreo satelital destinados a elevar los estándares de seguridad de la navegación y proveer herramientas analíticas para fortalecer las acciones federales de combate contra el narcotráfico y el contrabando en la región fluvial.
La finalización de esta licitación cosechó un explícito respaldo por parte del arco empresarial y de las economías regionales. Entidades de peso sectorial como la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas manifestaron su apoyo técnico a la privatización, en sintonía con las administraciones provinciales de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, que expresaron su conformidad con el desenlace del proceso. Además, el Gobierno ponderó los estándares de transparencia del concurso, el cual contó con la auditoría externa de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo de la ONU que certificó la aplicación de buenas prácticas internacionales en la gestión de infraestructuras soberanas, abriendo paso a un modelo de inversión privada donde el Estado nacional se reservará de manera estricta las funciones de control, fiscalización y supervisión tarifaria.
