La Provincia de Buenos Aires irá a la Justicia si Nación elimina el fondo compensador de las cooperativas eléctricas

La Provincia de Buenos Aires irá a la Justicia si Nación elimina el fondo compensador de las cooperativas eléctricas

La Plata.- El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ratificó que acudirá a los tribunales si la administración nacional avanza con las reformas estructurales al sistema tarifario que actualmente se debaten en el Congreso. La advertencia fue lanzada por el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, durante la tradicional conferencia de prensa de los lunes en la Gobernación, donde calificó la iniciativa libertaria como un «avasallamiento inconstitucional» sobre las autonomías provinciales.

El eje del conflicto radica en el proyecto de ley que busca modificar las prestaciones de luz y gas a nivel federal, el cual avanzó la semana pasada en la Cámara de Diputados de la Nación. Entre sus puntos más polémicos, la norma pretende prohibir que se incluyan tasas municipales —como el alumbrado público— en las boletas del servicio y pone bajo la lupa los subsidios cruzados.

Defensa de las pequeñas localidades del interior

Ghioni centró sus alarmas en el eventual desmantelamiento del Fondo Compensador Tarifario, un esquema que opera de manera ininterrumpida desde 1996. Este mecanismo redistribuye aportes de las grandes distribuidoras y cooperativas de mayor escala hacia unas cien cooperativas pequeñas del interior bonaerense que, debido a la baja densidad poblacional, no podrían sostener el servicio eléctrico de forma autónoma.

“Creo que no prosperará. Habla de la ignorancia del Gobierno. No es constitucional, no hay manera de que lo hagan”, sentenció el funcionario, quien acusó a la gestión del presidente Javier Milei de desconocer el funcionamiento real del entramado energético. «Las 200 cooperativas llegan al 40% de la provincia. Por el Fondo reciben más que por las tarifas. Si el pueblo de al lado tiene que pagar cinco o seis veces más, lo tendrá que hacer, pero nosotros vamos a recurrir», enfatizó.

Disputa por las facturas y la jurisdicción

El subsecretario cuestionó con dureza el artículo del proyecto que prohíbe taxativamente incorporar conceptos ajenos al consumo neto de energía en la factura final de los usuarios —una medida que busca desterrar el cobro de tasas comunales ligadas a leyes vigentes desde 1989—. Al respecto, recordó que la propia Justicia ya ha dejado sin efecto intenciones similares por parte del Ejecutivo nacional en el pasado.

Para el gobierno de Axel Kicillof, la avanzada parlamentaria de la Casa Rosada responde a una lógica netamente “ideológica” de libre mercado que ignora las asimetrías geográficas y de infraestructura entre los distritos bonaerenses.

Deudas con Cammesa: «Cuentas claras»

Respecto a otro apartado crítico de la ley que aborda las deudas acumuladas de las distribuidoras con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), el titular de la cartera energética provincial se mostró predispuesto a ordenar los pasivos, pero reclamó un marco de transparencia estricto: “Estamos de acuerdo, pero hay que hacer las cuentas bien claras para definir activos y pasivos regulatorios”.

Finalmente, Ghioni clausuró la conferencia reafirmando el poder de policía y regulación del Estado provincial sobre el territorio: “La autoridad ante las distribuidoras y cooperativas somos nosotros”, concluyó, anticipando un nuevo capítulo de judicialización en la tensa relación política entre el gobierno central y el principal distrito del país.

⚡ PUNTOS CLAVE DEL CONFLICTO ENERGÉTICO:

  • Fondo Compensador: Funciona desde 1996 y subsidia a 100 pequeñas cooperativas del interior para evitar aumentos de hasta seis veces en las tarifas locales.

  • Cobertura social: El sistema cooperativo bonaerense abastece de luz al 40% del territorio provincial.

  • Jurisdicción: La Provincia denuncia que fijar estructuras de facturación nacional viola las facultades provinciales de regular sus propios servicios públicos.

  • Tasas en debate: La ley nacional busca prohibir el cobro del alumbrado público dentro de la boleta de luz, vigente por ley provincial desde 1989.

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