La Cámara de Diputados aprobó una nueva movilidad jubilatoria

Por impulso del radicalismo, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley por el cual se promueve una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, además de una recomposición inicial en los haberes previsionales. Gracias a un amplio acuerdo entre los bloques opositores (160 votos), se pudo llegar a un texto unificado.
La sesión había sido convocada por el radicalismo, que también había tenido la iniciativa de emplazar a las comisiones de Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda para que tuvieran que emitir los dictámenes que llegaron al recinto.
Entre otros puntos, la ley aprobada propone:
• Una recomposición de 8,1 % en los haberes jubilatorios, que sumados al 12,5 % que dio el Gobierno por DNU, equipara el 20,6 % de inflación de enero último.
• Actualización mensual por IPC.
• Haber mínimo no inferior a 1.09 la canasta básica total de los adultos.
• Incorporación del RIPTE para los casos en que los aumentos salariales superen a la inflación a lo largo del año. (Será de un 50 % de la diferencia entre el RIPTE y la inflación).
• Pago de las deudas con las cajas previsionales provinciales y de las sentencias firmes por juicios de jubilados. Se hará con recursos tributarios con asignación específica a seguridad social.
El titular del Bloque radical, Rodrigo De Loredo, remarcó que el sistema previsional hoy es absolutamente insustentable, por el impacto de las moratorias, por la relación activos- pasivos, en una economía que tiene 50 % de su mercado laboral en la informalidad, y porque al final del día entre jubilaciones y pensiones se va aproximadamente el 40 % del presupuesto del Estado nacional.
“Cada vez que el Gobierno se aleje de una agenda de cambio, ahí va advertir por qué tiene diferencias con nosotros. Al final del día preguntamos qué tiene de nuevo en la Argentina cortar el hilo por lo más delgado. Hoy asumir una agenda de cambio sería aceptar una reforma integral del sistema previsional, pero el Gobierno no está en una agenda de cambio en este tema sino que está haciendo lo mismo que se viene haciendo desde hace décadas en Argentina. También deberíamos abordar las jubilaciones de jueces y diplomáticos, eso es abordar una agenda contra la casta”, agregó.
Y explicó que “nuestra propuesta solo afecta un 0,4 % del PBI. Es algo que, por ejemplo, se podría trocar por el gasto tributario de Tierra del Fuego. Se pueden obtener los objetivos de equilibrio fiscal sin podar como siempre los haberes previsionales. Hay un problema de gestión, licuar es lo más fácil, gestionar es más difícil y complejo”.
Por su parte, al comenzar el debate, Gabriela Brouwer de Koning, titular de la Comisión de Previsión Social, remarcó: “Hoy llegamos a este recinto con una propuesta pensada, no estamos improvisando. Nuestra propuesta ha sido producto de un debate plural, participativo, donde fueron escuchadas todas las voces, donde hubo un aporte clave, el de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que analizó la viabilidad física, económica y financiera de este proyecto, analizando la sostenibilidad que tiene. Nuestra propuesta tiene un sólido fundamento tanto técnico como económico”.
“Nosotros pretendemos garantizar el porcentaje de inflación perdido de enero, un haber mínimo relacionado a la canasta básica para el adulto del INDEC e incorporar la variación salarial para los casos en que haya recuperación de los salarios frente a la inflación. ¿Y cómo se paga esta propuesta? La Oficina de Presupuesto evaluó nuestro proyecto y dijo que el costo fiscal es de un 0,43 % del PBI. Es decir que es lo mismo que el Gobierno nacional pretende ahorrarse con el deterioro de la capacidad de compra de los haberes jubilatorios, que es de un 0,4 %. También podríamos decir que es el 10 % de lo que deja de ingresar al Estado por todas las exenciones impositivas que da a personas jurídicas y físicas. Estamos hablando de una cuestión de prioridades”, dijo Brouwer.
“Para lograr el déficit cero no se debe afectar la capacidad de los sectores más vulnerables”, agregó.
También en tiempo de dictámenes, Lisandro Nieri, secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, insistió en que “el costo es del 0,43 % del PBI, cuando hay muchos privilegios y beneficios impositivos por los cuales podríamos mejorar un 2 % la recaudación. Debemos trabajar en la evaluación y reformulación de regímenes especiales, regímenes de privilegio y trabajar en una ampliación del sector activo. Tenemos mucha informalidad, menos de la mitad de los trabajadores argentinos registrados y por ende una recaudación potencial muy superior”.
“Siempre nos propusimos algo factible, razonable y responsable. Esta medida no va a generar por inflación un garrote a futuro, no es una falsa promesa de una recomposición que luego genera un daño. Siempre en nuestro criterio estuvo la responsabilidad de la propuesta, eso hizo que llegamos a la mejor propuesta posible dentro de una propuesta realizable”, finalizó Nieri.