El gobierno nacional anunció una profunda reestructuración de la SIDE
En el primer día hábil del año 2026 , el Gobierno Nacional sacudió la estructura del Estado al oficializar una profunda reestructuración de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). A través del Decreto 941/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei otorgó al organismo nuevas competencias que refuerzan el secreto de sus operaciones y, en un giro polémico, habilitan a sus agentes a realizar aprehensiones en situaciones específicas.
La reforma, que lleva la firma del Presidente y todo su gabinete, busca «centralizar y modernizar» el sistema de inteligencia, consolidando el control político bajo la órbita de la Casa Rosada y la mirada estratégica del asesor presidencial Santiago Caputo.
Una nueva estructura con mayor autonomía técnica
El decreto ratifica a la SIDE como el órgano rector del sistema, conducido por Cristian Auguadra y Diego Kravetz. Bajo su mando directo funcionarán cuatro organismos clave, cada uno con autonomía técnica:
-
Servicio de Inteligencia Argentino (SIA): Dedicado a la recolección de información estratégica exterior.
-
Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC): Reemplaza a la anterior Agencia de Seguridad Nacional con la misión de detectar amenazas internas.
-
Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC): Enfocada en las amenazas del ciberespacio.
-
Inspectoría General de Inteligencia: Órgano de control interno.
El punto de la discordia: detenciones y flagrancia
Uno de los artículos que mayor impacto generó en el arco opositor y en organismos de derechos humanos es el que autoriza a los organismos de inteligencia a repeler agresiones y aprehender personas en casos de flagrancia. Aunque el texto aclara que se debe dar «aviso inmediato» a las fuerzas de seguridad tradicionales, la potestad de que espías civiles realicen detenciones marca un precedente que no se veía desde el retorno de la democracia.
Asimismo, el Gobierno blindó todas las actividades del organismo bajo el concepto de «carácter encubierto». Según los considerandos del decreto, esta medida es necesaria para «minimizar el Riesgo Estratégico Nacional», dado que la sensibilidad de las tareas no permitiría la exposición de métodos o personal.
Centralización presupuestaria y control de datos
La nueva normativa otorga a la SIDE un poder de supervisión inédito sobre el resto del Estado:
-
Presupuesto: La Secretaría concentrará la aprobación y el control de los gastos de todos los organismos de inteligencia, incluyendo los cuestionados gastos reservados.
-
Requerimiento de información: La SIDE podrá exigir datos a cualquier organismo del Sector Público Nacional, a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires cuando lo considere necesario para sus funciones.
-
Comunidades de intercambio: Se crean la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), para el intercambio operativo entre fuerzas armadas y de seguridad, y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), donde ministerios civiles aportarán datos estratégicos sin realizar tareas de espionaje.
Inteligencia militar y ciberseguridad
La reforma también impacta en el ámbito de la Defensa. Se disolvió la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa, trasladando sus funciones a la DGIEMCO (Estado Mayor Conjunto), con el fin de evitar la duplicación de tareas.
En materia digital, se estableció una diferenciación clave: mientras que la AFC se encarga de la ciberinteligencia (ataque y análisis), la ciberseguridad (protección) quedará bajo el nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que funcionará dentro de la Jefatura de Gabinete.
Límites y controles
A pesar de la ampliación de facultades, el decreto reafirma la vigencia de las prohibiciones establecidas en la Ley 25.520: se mantiene la veda para realizar espionaje por motivos ideológicos, religiosos, políticos o para influir en la opinión pública. Además, todas las designaciones de directores (quienes tendrán rango de secretario) deberán ser informadas a la Comisión Bicameral del Congreso, que ahora tendrá la tarea de analizar la validez de este decreto en el marco de la Ley de Trámite Legislativo.
