Cuestionamientos en la Justicia platense: abogados penalistas expresan su preocupación por la jueza Cecilia Sanucci previo a un juicio clave
La Plata.- La comunidad jurídica de la capital bonaerense sumó en las últimas horas una fuerte muestra de inquietud en relación con el desempeño de la jueza Cecilia Sanucci, integrante del Tribunal en lo Criminal N° 1 de La Plata. La magistrada tiene a su cargo el juzgamiento del empresario de medios local Agustín Raimondo, quien llega imputado por el delito de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar un contexto de violencia de género en perjuicio de su ex pareja, Florencia Mascioli.
El malestar entre los profesionales del fuero penal local no solo responde a las particularidades del caso que involucra al titular de Radio FM Dance, sino también a que la magistrada fue denunciada formalmente ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
El caso Raimondo y el foco en el debido proceso
La causa contra Raimondo cobró amplia repercusión pública debido a la gravedad de los hechos denunciados por Mascioli y al rol del acusado como figura visible de medios de comunicación en la ciudad. El proceso penal alcanzó la etapa de debate oral bajo la órbita del Tribunal en lo Criminal N° 1, donde Sanucci ejerce la conducción del trámite.
Sin embargo, diversos abogados penalistas de la región advirtieron con preocupación sobre el marco institucional en el que se llevará a cabo el juicio. La existencia de presentaciones ante la Secretaría de Enjuiciamiento respecto de la conducta de la jueza encendió las alarmas sobre la garantías de imparcialidad, el debido proceso y la celeridad requerida en expedientes vinculados a violencia contra las mujeres.
Un tribunal bajo el escrutinio institucional
La denuncia elevada ante el jury de enjuiciamiento bonaerense atribuye a la magistrada faltas en el desempeño de su cargo y apartamientos de las normativas vigentes, situación que reabrió la discusión en el departamento judicial platense sobre los controles de gestión y la responsabilidad de los operadores judiciales.
Se espera que en las próximas semanas el fuero local siga de cerca el desarrollo de las audiencias, en un escenario atravesado por el reclamo de justicia de la víctima y la mirada crítica de la colegiatura penal sobre el funcionamiento de los tribunales de la capital provincial.
A continuación, reproducimos el comunicado oficial:
Abogados penalistas de La Plata mostraron “preocupación” por actuaciones de la jueza Sanucci, a cargo del Tribunal en lo Criminal I de La Plata, que deberá enjuiciar al dueño de medios Agustín Raimondo, acusado de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar un contexto de violencia de género contra su ex mujer, Florencia Mascioli.
La magistrada fue denunciada recientemente ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Bonaerenses por distintas irregularidades.
La familia sostiene que a pesar de que Raimondo no estaba con su abogado, que faltó a las primeras audiencias por problemas de salud, Sanucci habría comenzado a interrogarlo sin su abogado, Marcelo Peña.
Del mismo modo la familia sostuvo en la denuncia, que la Jueza Sanucci, habría querido conocer una conversación privada que el imputado sostuvo con Peña, protegido por la confidencialidad que protege la relación entre imputado y su defensa.
Ante esta situación, la Asociación Civil de Abogados Penalistas Platenses manifestaron la preocupación ante los hechos que tomaron estado público, que podrían haber afectado el libre ejercicio de la defensa técnica.
El conjunto de abogados que se reunió para analizar la situación, puso también la lupa sobre otra parte de la denuncia, que le adjudica a Sanucci un consejo que le habría sugerido al imputado Raimondo: que analizara cambiar de Defensor “para su bien”
Los penalistas subrayaron que “sin perjuicio de que los hechos denunciados deberán ser debidamente esclarecidos por los organismos competentes, nuestra Asociación considera necesario reafirmar que la independencia del abogado defensor, la confidencialidad de las comunicaciones con su asistido y el respeto por la libre elección del abogado de confianza, constituyen pilares esenciales del derecho de defensa y del debido proceso”. “El ejercicio de una defensa eficaz exige que quienes asumimos esa función podamos desarrollarla con absoluta libertad e independencia, sin injerencias indebidas y en condiciones que garanticen una verdadera igualdad de armas entre las partes”.
Además, sostienen que el respeto por la función jurisdiccional y la prudencia que corresponde mantener mientras se sustancian los mecanismos institucionales pertinentes exigen actuar con responsabilidad frente a hechos que, por el momento, se encuentran denunciados y sujetos a evaluación por parte de los organismos competentes.
La Asociación finalizó señalando que seguirán la evolución de las actuaciones “reafirmando nuestro compromiso con la defensa irrestricta de las garantías constitucionales, el debido proceso y el libre ejercicio de la abogacía”.

