Con acuerdo mayoritario, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Discapacidad y la envió al Senado

Buenos Aires.-La Cámara de Diputados de la Nación aprobó de manera contundente la nueva Ley de Discapacidad luego de una maratónica sesión caracterizada por intensas negociaciones transversales. La iniciativa, que cosechó una amplia mayoría especial de dos tercios, reemplazará el esquema de Emergencia en Discapacidad cuya vigencia expiraba a fines de 2026, otorgando previsibilidad e institucionalidad definitiva al sector.

Pasada la medianoche, el tablero del recinto ratificó el acuerdo con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. El bloque de Unión por la Patria acompañó la propuesta en forma general luego de que La Libertad Avanza aceptara la incorporación de sustanciales modificaciones impulsadas por las organizaciones representativas del sector y los bloques aliados del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Argentina Federal y distintas bancadas provinciales.

El eje del acuerdo: Pensiones, CUD y empleo formal

El texto consensuado logró desactivar las fricciones generadas días atrás cuando el Poder Ejecutivo ingresó el proyecto de Presupuesto 2027, el cual contemplaba la eliminación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa a las prestaciones y exigía el criterio de «invalidez laboral».

Con la sanción aprobada en Diputados, el nuevo régimen permanente establece:

• Ratificación de las Pensiones por Discapacidad: Mantiene el haber equivalente al 70% de la jubilación mínima y consolida al CUD como el documento rector para el acceso a los derechos y beneficios.

• Compatibilidad con el Empleo Registrado: Las personas con discapacidad mantendrán el cobro de la pensión aunque se incorporen al mercado laboral formal o al régimen de monotributo, siempre que sus ingresos no superen los dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

• Nomenclador Universal y Arancel Unificado: Se preserva el sistema único de aranceles para los prestadores de todo el país, evitando que obras sociales o prepagas fijen montos unilaterales.

• Cobertura Sanitaria Integral: Se garantizó que los beneficiarios de pensiones contributivas y no contributivas mantengan el acceso pleno a las prestaciones básicas de la Ley 24.901 mediante el Programa Incluir Salud.

• Protección Presupuestaria: El Estado nacional deberá garantizar que los recursos asignados por beneficiario no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación del año anterior, habilitando partidas complementarias del Tesoro si fuera necesario.

Regularización de deudas y mecanismos de auditoría

En materia de deudas acumuladas con el sector prestacional, la ley determina que el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 30 días post promulgación para publicar un cronograma oficial de cancelación, debiendo saldar la totalidad de las obligaciones pendientes en un máximo de 90 días.

Asimismo, la Secretaría Nacional de Discapacidad quedará facultada para realizar auditorías periódicas cruzando datos con la Anses, Arca, Renaper y el SINTyS. No obstante, para evitar bajas intempestivas, se consagró el principio del «debido proceso inclusivo», el cual exige la notificación previa, el derecho a defensa y la rehabilitación provisoria del beneficio mientras se tramite la revisión.

La votación y las disidencias en el recinto

Pese al contundente respaldo general, la iniciativa registró el rechazo de diputados cordobeses de Provincias Unidas y de Unión por la Patria —encabezados por la diputada Gabriela Estévez—, quienes objetaron la celeridad del tratamiento y cuestionaron una presunta falta de participación de las entidades de base. En tanto, el Frente de Izquierda optó por la abstención señalando la falta de un mecanismo automático de actualización inmediata para las deudas con los prestadores.

El volumen político alcanzado en Diputados (superior a los dos tercios de la Cámara) le otorga un sólido impulso a la iniciativa de cara a su próximo tratamiento en el Senado de la Nación y reduce drásticamente el margen para eventuales vetos o modificaciones del Poder Ejecutivo.

Frustrado debate por el Endeudamiento Familiar: el proyecto regresó a comisión

Tras la aprobación de la ley sobre discapacidad y de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el cuerpo legislativo abordó el proyecto oficialista sobre endeudamiento familiar y mora.

El dictamen de la mayoría —promovido por La Libertad Avanza— buscaba enfocarse en la educación financiera, la transparencia en el costo financiero total y la doble validación de identidad para créditos otorgados por plataformas digitales y billeteras virtuales, sin fijar topes a las tasas de interés. Por su parte, bloques opositores como Unión por la Patria, la Coalición Cívica y sectores de Provincias Unidas fundamentaron la necesidad de declarar la emergencia crediticia por 180 días ante el fuerte incremento de la morosidad en los hogares.

Ante la falta de consensos y tras duros cruzamientos entre las bancadas, la diputada Silvana Giudici (LLA) presentó una moción para que la iniciativa regresara a las comisiones de trabajo. La propuesta fue aprobada ajustadamente por 121 votos a favor, 117 en contra y 5 abstenciones, dando por levantada la sesión.