Argentina exige hasta 4.500 horas de trámites para abrir una empresa

Buenos Aires.-Iniciar una actividad económica en Argentina puede requerir 4.496 horas de trámites, más del doble del promedio latinoamericano de 2.005 horas, de acuerdo con el Índice de Burocracia del Adam Smith Center 2025. Pero detrás de esta cifra hay un problema que no se reduce al número de formularios: las empresas también enfrentan reglas diferentes según el territorio, procedimientos que pueden ser difíciles de entender y decisiones administrativas que no siempre son previsibles.

Esta es una de las conclusiones de un estudio de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) que analizó las experiencias de Córdoba, Rosario, Salta y Tandil, cuatro ciudades con características económicas diferentes, para identificar qué elementos pueden facilitar o dificultar la actividad empresarial.

Argentina cuenta con más de 2.300 gobiernos locales con competencias sobre aspectos como habilitaciones, uso del suelo, tasas e inspecciones. Esto significa que una empresa no solo debe conocer las reglas nacionales o provinciales: también debe enfrentarse a los procedimientos del municipio donde quiere operar.

Los resultados fueron presentados el 17 de septiembre en Bogotá, durante “LATAM Sin Barreras: Foro regional sobre las libertades económicas”, iniciativa liderada por CIPE (Centro Internacional para la Empresa Privada) que reunió investigaciones de Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador y Guatemala.

“Cuando las personas pueden decidir cómo trabajar, producir, invertir y competir con el menor número de obstáculos innecesarios, se crean las condiciones para que los habitantes de un país puedan prosperar. Por ello, contar con libertades económicas es clave, y desde CIPE impulsamos este importante proyecto a nivel latinoamericano, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada país involucrado”, afirmó Morgan King, gerente de Programas para América Latina y el Caribe de CIPE.

No se trata solamente de tener menos trámites

El estudio de CIPPEC encontró que la forma en que se diseñan y aplican las reglas puede ser tan importante como el número de trámites.

Por ejemplo, aplicar los mismos requisitos a actividades con diferentes niveles de riesgo puede generar costos innecesarios para pequeños negocios. La propuesta es que las exigencias sean proporcionales al riesgo y que el Estado pueda concentrar sus controles en aquellas actividades que realmente lo requieren.

“Las decisiones de inversión también se toman en los territorios. Cuando los procedimientos son previsibles, los requisitos están claros y las instituciones tienen capacidad para responder, se reducen costos e incertidumbres para quienes producen e invierten. El desafío es que estas mejoras sean sostenibles y no dependan solamente de una gestión o de determinadas personas”, señaló Emilia Kaczmarcyzk, Coordinadora Jr. de Estado y Gobierno de CIPPEC.

El componente tributario también muestra oportunidades de simplificación. De los 150 tributos identificados en Argentina, 82 corresponden al nivel municipal. Sin embargo, de los seis tributos que explican el 85 % de la recaudación consolidada, solo uno es municipal y representa el 2,6 %.

Para CIPPEC, esto abre la discusión sobre cómo simplificar los cobros municipales, hacerlos más transparentes y explicar con claridad qué servicio o contraprestación corresponde a cada tasa.

Digitalizar un trámite no siempre lo hace más fácil

La tecnología puede reducir tiempos, pero digitalizar un trámite complejo no necesariamente lo simplifica.

El estudio encontró casos en los que los procesos digitales todavía requieren pasos presenciales o en los que la información está repartida entre diferentes dependencias.

Por eso, CIPPEC propone avanzar hacia ventanillas únicas, expedientes electrónicos, sistemas que permitan a las diferentes áreas compartir información y un lugar centralizado donde las empresas puedan conocer requisitos, plazos y costos.

La condición es revisar primero los procesos para eliminar pasos que no agregan valor.

Cuatro ciudades, distintos caminos

Córdoba, Rosario, Salta y Tandil muestran que las soluciones pueden variar de acuerdo con las características de cada territorio.

Córdoba presenta avances en carga administrativa y tributaria, calidad regulatoria, capacidad institucional, digitalización y transparencia.

Rosario registra avances en simplificación administrativa, digitalización y transparencia.

En Salta, contar con reglas claras y procedimientos eficientes cobra especial importancia frente a las oportunidades relacionadas con minería y litio. En Tandil, el entorno regulatorio se relaciona con el desarrollo de la economía del conocimiento.

El estudio no busca establecer cuál ciudad funciona mejor, sino identificar experiencias que puedan servir para diseñar mejoras en otros territorios.

¿Qué propone el Foro para reducir estas barreras?

Los estudios de los cinco países analizados en LATAM Sin Barreras permitieron encontrar un punto común: no basta con que las reglas existan; las instituciones necesitan tener la capacidad para aplicarlas de manera clara, consistente y cercana a las necesidades de las personas y empresas.

En las mesas de trabajo del Foro se identificó, en primer lugar, que muchas veces las decisiones públicas no incorporan suficientemente las necesidades de quienes producen, trabajan o emprenden en los territorios. Aunque existen mecanismos formales de participación, no todos los actores tienen la misma capacidad para hacer escuchar sus necesidades.

Por eso, una de las propuestas es fortalecer los gobiernos locales, no solo trasladándoles competencias, sino dotándolos de mejores capacidades técnicas para recoger información, entender las necesidades de cada territorio y convertirlas en políticas públicas. A esto se suma la necesidad de contar con mecanismos de participación que permitan una mayor interacción entre autoridades y agentes económicos.

El segundo problema identificado es la falta de previsibilidad en la aplicación de las normas. Una regulación puede ser demasiado compleja, insuficiente, rígida o estar sujeta a diferentes interpretaciones. En todos estos casos, el resultado para una empresa puede ser el mismo: más tiempo, mayores costos y más incertidumbre.

La agenda planteada por el Foro propone actuar sobre estos puntos mediante medidas concretas:

• Reglas más claras y criterios comunes para evitar que un mismo trámite tenga interpretaciones diferentes.
• Simplificación de trámites, eliminando pasos innecesarios antes de llevarlos a plataformas digitales.
• Mayor transparencia sobre requisitos, costos y tiempos de respuesta.
• Capacitación de funcionarios y usuarios para facilitar la correcta aplicación de las normas.
• Evaluaciones de impacto regulatorio, para conocer antes de aprobar una norma cómo puede afectar a empresas, trabajadores y consumidores.
• Diálogo permanente entre gobiernos y sector privado, para detectar problemas regulatorios y buscar soluciones.
• Mayor capacidad técnica en los territorios, de manera que la descentralización vaya acompañada de instituciones capaces de asumir nuevas responsabilidades.

Una conclusión que conecta a cinco países

El caso argentino muestra que las barreras para desarrollar una actividad económica no siempre están en una gran decisión nacional. También pueden aparecer en un trámite municipal, en un requisito poco claro, en una tasa difícil de entender o en una norma que se interpreta de manera diferente.

Los estudios presentados en LATAM Sin Barreras —sobre regulación municipal en Argentina, licenciamiento sanitario en Guatemala, espacio público e inclusión productiva en Colombia y otros obstáculos identificados en Bolivia y El Salvador— apuntan a una misma discusión: cómo lograr que las libertades económicas reconocidas formalmente puedan ejercerse en la práctica.

La conclusión del Foro es que reducir barreras no significa simplemente eliminar normas. Implica hacer que las reglas sean comprensibles, proporcionales y previsibles; que las instituciones tengan capacidad para aplicarlas; y que quienes producen, trabajan e invierten tengan canales efectivos para aportar sus necesidades y experiencias al diseño de las políticas públicas.

En este sentido, la agenda regional plantea que mejores instituciones y reglas más claras pueden reducir costos e incertidumbre y facilitar que las oportunidades económicas se conviertan en actividades productivas, inversión y empleo en los territorios.

Acerca de CIPE: el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE) trabaja con aliados locales y líderes empresariales en América Latina y el Caribe para fortalecer las libertades económicas, las instituciones democráticas y las oportunidades de desarrollo. Es una organización independiente y apartidaria que produce conocimiento y desarrolla propuestas para mejorar las políticas públicas y promover una sociedad más equitativa, eficiente y democrática. Para obtener más información sobre CIPE, visite cipe.org, LinkedIn, Facebook o X

Acerca de CIPPEC:  es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Una organización independiente y apartidaria que produce conocimiento y desarrolla propuestas para mejorar las políticas públicas y promover una sociedad más equitativa, eficiente y democrática.